El Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de las Zonas Situadas Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales —conocido internacionalmente como el Tratado de Alta Mar o High Seas Treaty (BBNJ, por sus siglas en inglés)— entró oficialmente en vigor el 17 de enero de 2026, tras alcanzar el número mínimo de 60 ratificaciones necesarias de estados miembros de la ONU. Este instrumento jurídico histórico establece un marco legal vinculante para proteger y regular la biodiversidad en áreas oceánicas que comprenden alrededor de dos tercios de los océanos del planeta, donde antes no existía un régimen ambiental global uniforme.
El tratado fue adoptado originalmente en marzo de 2023 luego de casi dos décadas de negociaciones en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y abierto a la firma en septiembre de ese mismo año. A partir de septiembre de 2025, suficientes países depositaron sus instrumentos de ratificación, disparando el conteo regresivo de 120 días para su entrada en vigor.
México ratificó este Tratado de Alta Mar en 2025, con un proceso que incluyó la aprobación del Senado y la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, posicionando al país entre los estados que formalmente adoptaron este compromiso para proteger la biodiversidad más allá de sus aguas jurisdiccionales.
El Acuerdo BBNJ proporciona herramientas concretas para la conservación marina en aguas internacionales, incluyendo la creación de áreas marinas protegidas, la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas y el establecimiento de mecanismos de cooperación y transferencia tecnológica entre países. También se busca garantizar que los beneficios derivados del uso sostenible de los recursos genéticos marinos se compartan de manera equitativa entre las naciones.
Una de las preocupaciones clave que motivó este tratado fue precisamente la falta de un marco internacional sólido para regular actividades como la minería en el fondo marino en zonas de alta mar, como la Zona de Fractura Clarion–Clipperton en el Pacífico, conocida por su gran riqueza en nódulos polimetálicos, los cuales son codiciados para industrias tecnológicas y energéticas pero también albergan ecosistemas frágiles y una biodiversidad todavía poco estudiada.
Organizaciones ambientalistas y entes internacionales han señalado que este instrumento ofrece una oportunidad sin precedentes para gestionar de manera colectiva espacios que antes estaban fuera de toda jurisdicción ambiental clara, y que su implementación es clave para enfrentar amenazas como la sobrepesca, la contaminación, el cambio climático y la explotación de recursos submarinos sin criterios científicos y de sostenibilidad robustos.
Con este paso, México se suma a un esfuerzo global que aspira, entre otros objetivos, a garantizar que al menos el 30 % de los océanos cuente con algún tipo de protección efectiva para 2030, consolidando acciones multilaterales para resguardar la salud de los ecosistemas marinos del planeta.
