La propuesta del Gobierno federal para incrementar hasta un 223 % las tarifas de entrada a museos y zonas arqueológicas, incluida una nueva categoría de recintos vinculados al Tren Maya con precios más elevados, ha encendido las alarmas entre especialistas en política cultural, quienes advierten que esta medida podría limitar el acceso de los mexicanos a su propio patrimonio.
Arturo Saucedo, investigador en legislación y políticas culturales, afirma que el aumento “contradice la garantía constitucional del acceso a la cultura” y profundizaría la exclusión social, sobre todo para los sectores más vulnerables. También advirtió que no resolverá la precarización del personal cultural, como museógrafos o curadores, que trabajan con presupuestos mínimos.
Por su parte, Enrique Roura Pech, promotor cultural y representante sindical de la Secretaría de Cultura, recordó que en 2024 presentaron al Congreso una propuesta alternativa que buscaba aplicar aumentos solo a visitantes extranjeros, con tarifas alineadas a estándares internacionales, y mantener la gratuidad o tarifas subsidiadas para los mexicanos.
Ambos especialistas coinciden en que la iniciativa actual carece de mecanismos para asegurar que los ingresos se reinviertan directamente en el sector cultural, lo que pondría en riesgo la operación de museos, teatros y zonas arqueológicas.
